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EN INTAG, ECUADOR, Sept 2006
MITSUBISHI Y EL BANCO MUNDIAL EN INTAG
Se inició la exploración de minerales metálicos en el área
de Junín a principios de la década de los 1990, con la llegada
de Bishimetals. Junín es una comunidad ubicada en Intag, una zona de
bosques nublados y fincas, con una extensión de 2,200 km 2 en el noroccidente
del Ecuador (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura). Bishimetals,
una subsidiaria de la corporación transnacional japonesa Mitsubishi,
recibió dinero de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional
(JICA, siglas en inglés) a fin de llevar a cabo actividades de exploración
mineralógica en las concesiones mineras de Junín-Cuellaje en
la cordillera de Toisán.
Interés en el potencial minero de Intag fue fomentado aún más
por el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), financiado
mediante un crédito del Banco Mundial (dinero que ya forma parte de
la deuda externa del Ecuador) y ejecutado durante la segunda mitad de los 1990.
PRODEMINCA tuvo dos metas: elaborar mapas de los recursos mineralógicos
del país (así evitando que las empresas mineras tuvieran que
invertir su propia planta en la busca de minerales) y redactar una nueva ley
minera a fin de atraer a los inversionistas extranjeros a este sector. El Banco
Mundial ha ofrecido el mismo “servicio” a docenas de los denominados
países en vías de desarrollo.
Gracias a la nueva ley minera, las empresas mineras gozan de los siguientes
incentivos: obligaciones impositivas sumamente cómodas; cero obligación
de compartir las utilidades económicas provenientes de la minería
con el Estado puesto que las antiguas regalías han sido reemplazadas
por patentes cuyo valor va desde un dólar a un máximo de dieciséis
dólares por año por hectárea, dependiendo de la fase en
que se encuentra la concesión; el derecho de repatriar el cien por ciento
de las utilidades; pocas obligaciones en cuanto a los derechos de sus trabajadores
o de las comunidades afectadas por sus actividades y pocos controles para mitigar
o rehabilitar daños al medio ambiente. Además, la ley permite
que la compañía acceda a todos los recursos necesarios dentro
de la concesión, incluyendo las fuentes de agua, un recurso que se requiere
y se contamina en cantidades masivas durante el procesamiento de minerales.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) fija la indemnización
que la minera pague al dueño de los recursos requeridos, y éste
no tiene el derecho de apelar, en una corte civil, en caso de no estar satisfecho
con el monto ofrecido.
LO QUE HIZO LA BISHIMETALS DURANTE SU ESTADIA EN JUNIN
La Bishimetals prestó poca atención a las leyes ecuatorianas
mientras exploraba en Junín. Entre los delitos más serios, la
compañía:
- no elaboró el Estudio de Impactos Ambientales (EIA) requerido antes
de iniciar la fase de exploración (el EIA citado más adelante
en estas páginas fue elaborado para la fase de producción);
- no informó a las comunidad sobre el proyecto minero contemplado;
- no consultó con las comunidades afectadas;
- construyó su letrina en las orillas del río Junín
y utilizó el mismo río como botadero, así contaminado
la principal fuente de agua de las comunidades río abajo;
- dejó grandes huecos y otros daños en las fincas en donde
tomó muestras;
- contaminó el río Junín durante la toma de muestras
con sustancias tóxicas provenientes de los taladros; los habitantes
que se bañaron en el río mientras la compañía
estaba perforando padecieron afectaciones de la piel.
Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), una organización
ambientalista de la zona creada en respuesta a la amenaza minera, denunció en
repetidas ocasiones al MEM estos y otros problemas relacionados con la presencia
de la Bishimetals. Los funcionarios del MEM nunca pudieron encontrar pruebas
de las violaciones denunciadas.
¿QUÉ CANTIDAD DE COBRE EXISTE EN JUNÍN?
Bishimetals descubrió yacimientos de minerales en tres de las siete
parroquias de Intag. Según la JICA, las áreas mineralizadas en
la cordillera de Toisán contienen 318 toneladas de mena de cobre, en
una concentración de 0,7 por ciento. O sea, al abrir una mina de cobre
en Junín, se producirá un total de 2,26 millones de toneladas
de cobre puro. Además, existe molibdeno en una concentración
de 0,03 por ciento y vestigios de oro y plata.
¿Qué significa 2,26 millones de toneladas de cobre? No mucho.
Esta cantidad no satisfaría ni por un año las necesidades de
China, cuyos ciudadanos consumen tres millones de toneladas cada doce meses,
y tampoco las necesidades de los Estados Unidos, que consume 2,3 millones de
toneladas anuales.
Otro dato interesante: por promedio, el 75 por ciento de los minerales producidos
en América Latina se exporta a los países industrializados del
Norte del planeta. Lo que queda en el Sur es la gran devastación que
resulta de la minería de dichos metales. Los científicos de la
Bishimetals pronosticaron los impactos nefastos que Junín sufriría
si el cobre fuera sacado de la tierra.
LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES QUE CAUSARÍA UNA MINA CUPRÍFERA
EN JUNÍN
Según los científicos de la Bishimetals, una mina de cobre
produciría severos impactos ambientales y sociales en Junín.
Como ya se ha mencionado, la concesión se ubica en la cordillera de
Toisán. El cobre se encuentra debajo de comunidades agrícolas
y bosques primarios que lindan con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas,
una de las áreas protegidas de mayor biodiversidad en el mundo. La Toisán
es muy rica también en fuentes de agua de la que los agricultores montaña
abajo dependen, y sus bosques primarios están dentro de dos de los 25
puntos candentes (“hotspots”) biológicos más importantes
del planeta: los Andes Tropicales y el Chocó-Ecuatoriano Occidental.
Los puntos candentes son áreas que contienen un índice extraordinario
de diversidad biológica y un número impresionante de especies
endémicas; además, los puntos candentes enfrentan graves amenazas,
en muchos casos de industrias extractivas.
Según el EIS preliminar elaborado por la JICA, los bosques, fincas
y fuentes de agua en toda la cordillera de Toisán serían severamente
impactados por una mina de cobre. Entre los impactos pronosticados por los
científicos de la japoneses constan los siguientes:
- deforestación masiva que llevaría al secamiento del clima
y la desertificación;
- contaminación de fuentes de agua con plomo, arsénico, cadmio
y cromo (metales asociados con el cobre), en cantidades hasta 100 veces superiores
a los índices naturales en dichas fuentes de agua;
- la desaparición de docenas de especies de aves, mamíferos
y reptiles en peligro de extinción en la zona.
- Impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas
Además, los científicos de la JICA pronosticaron una serie
de impactos sociales, entre otros:
- “Reubicación” de por lo menos 100 familias de cuatro
comunidades cuyas fincas están en el sitio de la mina propuesta
y la infraestructura requerida;
- Creación de un pueblo minero de 6000 habitantes (los centros poblados
más grandes de Intag son los centros parroquiales, cada uno con
menos de 500 habitantes);
- Aumento en la delincuencia y los accidentes de tránsito;
- Aumento en alcoholismo;
Estos impactos se basaron en una cuarta parte del total de cobre que la empresa
Bishimetals encontró- por lo tanto, consideramos que los impactos serán
mayores, y que al menos 6 comunidades serán directamente impactadas.
(La empresa minera Ascendant Copper Corporation, actualmente en posesión
de la concesión, afirma que la cantidad de cobre que existe en las concesiones
es cuatro veces la comprobada por la Bishimetals. Mientras esta nueva cifra
ha despertado mucho escepticismo, como explicamos más adelante, se puede
suponer que la explotación de mayores cantidades del metal produciría
impactos mucho más graves que los pronosticados por la Bishimetals.)
LA COMUNIDAD RESPONDE
La presencia de la Bishimetals en Intag produjo impactos significativos.
La gente empezó a informarse sobre las consecuencias que traería
la minería a sus bosques y comunidades. Luego, preocupados por lo que
habían aprendido, los moradores y moradoras comenzaron a organizarse.
Así se fundó la DECOIN. Mediante esta organización local,
en muchas ocasiones con el apoyo de otras ONG de derechos humanos y ambientalistas
en el ámbito nacional e internacional, se movilizaron las personas de
las comunidades directamente amenazadas y de la zona entera.
La oposición local al proyecto minero resultó en la quema del
campamento minero de la Bishimetals el 15 de mayo de 1997. Centenares de habitantes
de siete comunidades participaron en la protesta. El gobierno decidió enjuiciar
a tres líderes comunitarios. Eventualmente, el juicio fue sobreseído
por falta de pruebas. Y finalmente, después de recomendar que se hagan
más estudios a fin de descubrir más cobre para que la mina fuera
más atractiva para los posibles inversionistas, la Bishimetals abandonó el
proyecto.
Las fuerzas de resistencia habían triunfado. Por lo menos por el momento.
LA RESISTENCIA A LA MINERÍA CRECE
Entre 1997 y 2002, y pese a la ausencia de una amenaza inmediata, la oposición
a la minería en la zona de Intag creció de manera dramática.
Esto se debe, principalmente, a la creciente conciencia de cómo el bienestar
humano depende de un ambiente natural saludable, y también de los conocimientos
adquiridos en cuanto a la naturaleza destructiva de la minería, en términos
sociales y económicos. DECOIN fue clave en crear esta conciencia y también
en crear y/o apoyar las alternativas a la minería que se estaban dando
en la zona, como, por ejemplo, la Asociación Agroartesanal de Caficultores
Río Intag (AACRI), grupos de artesanas y proyectos de turismo comunitario.
Durante este mismo período, el Consejo Municipal aprobó una ordenanza
que declara a Cotacachi “Cantón Ecológico” y por
ende prohíbe la minería y otras actividades no compatibles con
la conservación de los recursos naturales.
Como resultado de estas actividades de educación ambiental, Intag
estaba lista para la siguiente ronda de la lucha contra la minería:
la subasta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de las
concesiones de Junín. Pese al rechazo por parte de los presidentes de
las seis gobiernos parroquiales de la zona, la mayoría de cabildos y
más de 20 ONG que trabajan en el cantón, el MEM no solo dio luz
verde a la subasta del 15 de agosto de 2002 sino que le otorgó la concesión
a Roque Bustamante, el único oferente en la subasta. El señor
Bustamante pagó $18.005 para el derecho de minar una extensión
de 7.000 hectáreas.
El alcalde de Cotacachi, el economista Auki Tituaña, con el apoyo
de las juntas parroquiales, organizaciones de base y la mayoría de los
habitantes, entabló un juicio en contra del MEM en 2003. Según
la demanda, se violó el artículo 88 de la Constitución
de la República del Ecuador al con contar con el criterio de las comunidades
al otorgar el estado las concesiones mineras sin consultar con las comunidades
que serían afectadas en términos sociales y ambientales por las
actividades propuestas. El juez que decidió el caso estaba de acuerdo.
Pero el señor Bustamante y el Ministerio de Energía y Minas apelaron
al Tribunal Constitucional. Frente a esta instancia judicial, en un primer
momento dos de los tres jueces asignados al caso fallaron de nuevo a favor
del Gobierno Municipal y las comunidades inteñas. Pero debido a la falta
de unanimidad, el caso pasó automáticamente al pleno del Tribunal
y allí, en menos de 24 horas y en vísperas de Navidad, cinco
de los jueces decidieron 5 votos a 4 en contra del amparo. Hasta eso, la concesión
minera ya había sido vendida la empresa Ascendant Exploration, antes
de que se terminara el proceso judicial.
En vista de este hecho, y en vista de la falta de interés manifestado
por parte de las autoridades nacionales en garantizar el derecho constitucional
de la consulta previa, la gente de la zona minera ha decidido llevar su caso
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos.
Y AHORA TENEMOS LA ASCENDANT
Como ya se indicó, Roque Bustamante vendió sus derechos a las
concesiones de Junín a la Ascendant Exploration, S.A. Esta empresa es
una subsidiaria de Ascendant Holdings Ltd. y fue creada en Quito en 1999. Ascendant
Holdings, por su parte, está registrada en las islas caribeñas
Turks y Caicos. Según su página Web, “Ascendant Holdings
Ltd. es una compañía mediana, de rápido crecimiento y
de clase mundial dedicada a la exploración minera”.
Según un boletín de prensa emitido el 13 de octubre de 2004
por la compañía, Ascendant Holdings ha decidido poner sus concesiones
cupríferas de Junín y Chaucha bajo una nueva compañía,
Ascendant Copper Corporation, con sede en la provincia canadiense de Colombia
Británica. A pesar de una campaña informativa orientada a informarles
a las autoridades canadienses sobre la empresa y sus actividades en la zona
de Intag, en noviembre del 2005 la empresa fue autorizada para vender sus acciones
en las bolsa de valores de Toronto.
La llegada de la Ascendant a Intag coincide con el inicio de conflictos en
las comunidades directamente afectadas y en toda la zona. A continuación,
unos pocos ejemplos de los choques que se han dado entre personas en contra
de la minería y las que apoyan a la compañía:
- Los empleados de la Ascendant intentaron establecer un campamento en la
reserva comunitaria de Junín, pese al rechazo de los/as moradores/as;
fueron obligados a salir por un grupo de mujeres de la comunidad.
- Las amenazas de muerte dirigidas a líderes comunitarios se han
convertido en el pan de cada día.
- En noviembre de 2004, tres personas opuestas a la minería, entre
ellas, una mujer que encabeza un grupo de artesanas y un voluntario español,
fueron atacadas por los guardaespaldas del ex diputado Ronald Andrade, quien
apoya abiertamente a la minería; el acontecimiento tuvo lugar durante
una reunión organizada por la Ascendant cuando el voluntario tomó unas
fotos del General Villacís, funcionario de Ascendant en Intag.
- Se lanza una campaña de desprestigio en contra de la DECOIN; dicha
campaña incluye una página Web llena de calumnias en contra
de los miembros de esta ONG ambientalista y de líderes comunitarios.
- La minera ha iniciado varios juicios como parte de su estrategia de intimidar
a la oposición, incluyendo uno contra el periódico INTAG por
injurias calumniosas, donde al medio comunitario la empresa transnacional
se le pedía un millón de dólares en daños y perjuicios.
El caso fue resuelto entre las partes.
- Injerencias en los gobiernos locales. El Municipio de Cotacachi, a través
de su Alcalde, el Economista Auki Tituaña, ha denunciado numerosas
veces las ilegalidades y violaciones a los derechos jurídicos y colectivos
por parte de la empresa minera (ver cartas adjunta del Municipio con fechas
8 de Marzo 2005, Abril, y 16 de Septiembre 2005). Entre las denuncias consta
la violenta agresión experimentada el 12 Abril del 2005 cuando la
organización CODEGAM acudió con personal pagados a favor de
la minería, a una sesión de gobierno del gobierno municipal
de Cotacachi, donde amenazaron de muerte al Alcalde y otras personas, y efectuaron
actos violentos y destruyeron bienes del Municipio. La Alcaldía tiene
un video donde claramente demuestra estos disturbios. Cabe señalar
que el CODEGAM (Corporación para el Desarrollo de García Moreno),
fue creada por la empresa Ascendant Exploration en Marzo del 2004, y hasta
el rompimiento de relaciones en Febrero del 2006, Ascendant fue su única
fuente de financiamiento, lo cual convierte a Ascendant en cómplice
de los actos descritos, y posiblemente autor intelectual.
- · CODEGAM, además de perpetuar actos vandálicos como
el arriba mencionado, motivó a sus seguidores a irrespetar las autoridades
Cantonales, y pidió a la empresa romper todo diálogo con el
Municipio de Cotacachi- de esta manera contribuyendo a la desestabilización
de un gobierno democráticamente electo (Resolución # 2 Asamblea
del CODEGAM, 23 de Abril 2005; ver Desconocen al Alcalde: La Hora-
Imbabura, 2 de Mayo 2005).
- Por otro lado, y en la misma Asamblea, el CODEGAM hizo un llamado para
la creación de un nuevo Cantón, en vista de la oposición
del gobierno local a la minería (Resolución # 14, Asamblea
del CODEGAM, 23 de Abril 2005)
- Para fomentar la división y desestabilizar aún más
el gobierno municipal, el CODEGAM financió la elaboración de
trajes deportivos con la leyenda “Cantón Intag”, y los
repartió a cientos de deportistas de todas las Parroquias de Intag.
El financiamiento para esta y todas las demás actividades siniestras
del Codegam provenían de la empresa minera Ascendant Copper Corporation
(ver artículo El Comercio 20 de Agosto 2005: El Cobre de Junín
Divide a la Población). En éste artículo, el vicepresidente
del CODEGAM, Jorge Pasquel, asegura textualmente que: “Todo viene de
la empresa”- refiriéndose al financiamiento del CODEGAM.
LAS PROMESAS DE LA ASCENDANT
La estrategia de la Ascendant a fin de convencer a la gente local de las
bondades de la minera incluye un proyecto de desarrollo para cinco comunidades
locales que tiene un costo de 16,5 millones de dólares. El proyecto
incluye la construcción y/o mantenimiento de 30 kilómetros de
carreteras; nuevos puentes en dos ríos; una clínica de salud
con equipos y personal completos; una ambulancia; mil casas nuevas; computadoras
para 37 escuelas; un nuevo colegio; capacitación en agricultura orgánica.
Obviamente, el proyecto se dará solo cuando las comunidades acepten
a la minería.
Entre estos proyectos, cuyo costo es sumamente modesto, el que más
preocupa es la formación de organizaciones supuestamente comunitarias.
En Intag, la Ascendant participó en la creación de una falsa
organización de desarrollo denominada CODEGAM. El propósito de
estos es contrarrestar la fuerza de las organizaciones de base de Intag y del
cantón entero, organizaciones que, junto con las autoridades cantorales,
se oponen a la minería.
Además de todo lo indicado, existen otras razones para tomar con una
buena dosis de escepticismo lo que dicen la Ascendant y sus aliados. Estas
incluyen:
- Christopher Werner, el (ex) oficial financiero en jefe (CFO, en inglés)
de la empresa, fue multado en 1998 por la comisión del Gobierno Central
de los Estados Unidos encargada con vigilar la transparencia de actividades
financieras (Securities and Exchange Comission). Según el fallo de
la comisión, el señor Werner era director y/o oficial de una
compañía llamada Aqua Buoy, junto con Joseph y Constance Pignatiello
quienes hicieron “declaraciones falsas y engañosas sobre la
condición de la compañía y vendieron sus propias acciones
de Aqua Buoy en precios inflados”. Los dueños tuvieron que pagar
multas millonarios.
- Entre el personal militar en retiro que ha trabajado con la directiva
de la Ascendant se encuentra el general César Villacís. El
general estudió en la tristemente famosa Escuela de las Américas,
ahora ubicada en Fort Benning, Georgia, en donde se han educado algunos de
los peores violadores de derechos humanos de América Latina. El General
Villacís tiene una historia muy interesante, que incluye vínculos
con un traficante de armas (Nuevo Herald 10/04), y tratos oscuros con empresas
petroleras estadounidenses cuyas consecuencias le obligó a renunciar
de las fuerzas armadas en 1997 (La Caida del General. Vistazo, Julio
1997. *nota: el general Villacís fue reemplazado en el 2005 y, según
tenemos entendido, ya no labora para la empresa)
- Finalmente, está el ex diputado Ronald Andrade. Este sujeto es
de una familia de clase media. Sin embargo, ha acumulado una fortuna que
le ha permitido comprar tres haciendas de miles de hectáreas de extensión,
casas y departamentos en distintas ciudades, carros de lujo, guardaespaldas
y mucho más (fue investigado por el congreso por corrupción).
Andrade, hasta principios del 2006 fue uno de los principales defensores
de la minera, y ha liderado el CODEGAM desde su creación. Sus guardaespaldas
han protagonizado una serie de incidentes, incluso el descrito anteriormente.
El señor Andrade ahora es un enemigo de la empresa minera, y denunció la
falta de cumplimiento con compromisos adquiridos por Ascendant hacia las
comunidades.
INCENDIO DEL CAMPAMENTO DE ASCENDANT.
Después de casi 2 años
de atropellos, amenazas, intimidaciones y todo tipo de abusos, activistas comunitarios
incendiaron el campamento de Ascendant Copper Corporation, ubicado en la comunidad
de Chalguayacu Bajo, el 10 de diciembre 2005. Los cerca de 300 moradores provenientes
de las comunidades aledañas al proyecto minero asumieron la responsabilidad
por el hecho. La empresa inmediatamente falsamente acusó a 24 campesinas
y campesinos de hechos que jamás ocurrieron en la acción colectiva
(están acusado de robo, y asalto agravado) Uno de los miembros de la
DECOIN fue acusado de ser el autor intelectual. Después de meses, la
Fiscalía acusó a cinco personas por la destrucción del
campamento, y el juicio continuó su trámite. En Noviembre
16, la CORTE SUPERIOR sobresella el juicio contra los cinco. Ascendant
ha pedido una importantísima batalla!
INVASIONES DE TIERRAS.
Una de las estrategias de la empresa se concentra
en comprar el mayor número de hectáreas alrededor de la área
minera. Los altos precios que la empresa paga ha hecho que más de 20
personas vendan sus propiedades, y en la actualidad, la empresa es dueña
de más de 1,000 hectáreas. Una de las consecuencias de esta malograda
medida, es que ha provocado invasiones de tierras baldías y no baldías
por inescrupulosas personas que pretenden vender los terrenos a la empresa
una vez que legalicen la adjudicación con el INDA (Instituto de Desarrollo
Agrícola). Estas medidas ha aumentado la división existente entre
comunidades y familias en la zona de Intag, y fue una de las razones que llevó a
que los comuneros destruyan el campamento minero de la empresa en diciembre
del 2005.
Septiembre 2006. En este mes varios empleados de la empresa fueron capturados
por miembros de las comunidades por haber ingresado a tierras comunitarias.
Dos de ellos fueron retenidos por la comunidad por unos días, después
de enterarse que policías, en transportado en un vehículo de
la empresa, habían arrestado a dos miembros de la comunidad. Los dos
comuneros permanecieron en la cárcel ilegalmente arrestados durante
ocho días. El 13 de septiembre, empleados de la empresa provocaron un
enfrentamiento violento en el sector de Chalguayacu Alto, donde hubo varios
heridos. La empresa y algunos de sus trabajadores, han presentado varios juicios
en contra de cerca de 20 líderes comunitarios como resultado de estas
medidas de hecho.
Octubre: El 17 de octubre, 19 policías fuertemente armados allanan
la casa del Señor Carlos Zorrilla, miembro fundador de la DECOIN. Su
esposa, hijo adolescente, y uno de sus trabajadores fueron intimidados. Uno
de los policías entró en casa de uno de los empleados sin orden
de allanamiento, y le empujó e insultó. Otros cubrieron su rostro
con pasamontañas. En vista de no encontrar nada relacioado a la falsa
acusación (robo de una cámara) uno de los policías coloca
una arma y una sustancia (droga) en su. Hasta la fecha (17 de noviembre de
2006) el Señor Zorrilla sigue en la clandestinidad, tratando de desenmascarar
el montaje en su contra dirigido por poderosos intereses mineros.
Noviembre: Fuertes enfrentamientos se dan cuando una subcontratista de la
empresa mineras intenta invadir tierras de las comunidades. Las casi 80 personas
traídas por esta empresa (felicorp), traen gases lacrimógenos,
y cuatro perros enjaulados de policía. Utilizan por lo menos cinco gases
lacrimógenos contra la población de Barcelona, afectando a varios
pobladores, incluyendo a 2 niños de dos y tres años. Las comunidades
se unen y rechazan al intento de invasión, y capturan a 40 de los “mineros”,
quienes son posteriormente entregados a la policía. Un comunero es herido
de gravedad cuando uno de los vehículos de la empresa que transportaba
a los empleados, le atropella. De los cuarenta personas que invadieron, según
testigos de la zona, aproximadamente el 20% eran de la zona de Intag; los demás
de otras partes, incluyendo Guayaquil y Manabí (ver reporte de La Hora,
Provincias; Imbabura del 3 de noviembre)
ALTERNATIVAS A LA MINERÍA
Las comunidades en el área minera y en la zona entera están
creando alternativas a la minería. Por ejemplo, la DECOIN ha comprado
a nombre de la comunidad de Junín una reserva de más de 3,000
hectáreas; la reserva es la base del proyecto de turismo ecológico
comunitario (y se ubica encima del yacimiento de cobre). Cincuenta hombres
y mujeres pertenecientes a dos comunidades manejan el proyecto. Asimismo, los
caficultores de Junín y otras comunidades se han unido para crear la
AACRI, cuyos miembros benefician al vender su café en mercados justos.
Estos son dos de los múltiples proyectos sustentables impulsados por
las inteñas e inteños en respuesta a la amenaza minera. Estas
iniciativas se enmarcan dentro del modelo de desarrollo sustentable en proceso
de crearse en el cantón Cotacachi. Son actividades productivas apoyadas
por la ordenanza cantonal, aprobada en 2001, que declara a Cotacachi cantón
ecológico, el primero en América Latina. La ordenanza promueve
un desarrollo sostenible, basado en el desarrollo local, con pleno respeto
para los derechos humanos y la diversidad cultural, y en base a la conservación
y uso sostenible de los recursos renovables, para mencionar unos pocos de los
elementos que conforman la ordenanza.
En resumen, una mina de cobre amenaza las comunidades de Intag, sus bosques únicos,
las especies en peligro y los ríos cristalinos. También amenaza
un experimento cuya meta es la creación de un nuevo ser humano solidario
y participativo, y respetuoso de la naturaleza de la que depende para su propia
supervivencia.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS EN ESTE RESUMEN,
VER:
RESISTENCIA A LA MINERÍA EN INTAG:
La página Web de la DECOIN: www.decoin.org
La página Web del periódico INTAG (en inglés): www.intagnewspaper.org
La información citada en estas páginas relacionada con Ascendant
viene de las siguientes fuentes
La página Web de la Ascendant: www.ascendantcopper.com
El fallo dictado por la Securities and Exchange Comissioon de los EE.UU.
en el caso de Christopher Werner se puede leer en:
http://www.bsx.com/cgi-win/bermuda-inc.exe/bsx-read-news=READ=1084555214
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, escríbanos en:
DECOIN:
decoin@hoy.net
Consejo de Desarrollo Comunitario, organización de base de Junín: ecojunin@yahoo.es
Periódico INTAG: intag@yahoo.com
DEFENSA Y CONSERVACIÓN DECOIN ECOLÓGICA
DE INTAG
Casilla 144 Otavalo, Imbabura Ecuador
decoin@hoy.net
Tele/fax: 593 6 264 8593
La DECOIN es una organización de base fundada en Intag en 1995. Todos
los miembros viven en la zona de Intag. Nuestros objetivos principales son:
conservar los recursos únicos de la zona, sobre todo los bosques, biodiversidad
y el agua, y promover y apoyar proyectos productivos sustentables. Una de nuestras
actividades más importantes ha sido la creación y sustento de
la oposición a la minería.
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