I WAS WRONG ABOUT CORREA — Español a contiuación
I admit it, I thought he would wait until after the elections- due to take place in Februrary- before sending in the mining thugs to try to impose the government’s mining agenda on Intag’s communities. Yet, as I recall, I think I mentioned the fact that when it comes to mining, very little would surprise me, and that stupidity frequently prevails.
So, this past Wednesday, at the Parish government of Garcia Moreno, where the Japanese Agency for Interactional Cooperation found Junin’s copper, delegates from the national mining company- ENAMI- had a strong run in with Shisela Morales, the president of Garcia Moreno (equivalent of a Municipal mayor). Ms Morales was accompanied by a few elected officials.
The mining officials insist on socializing the mining project directly with the communities. The Garcia Moreno government- which is autonomous- insisted that before it attempts it, ENAMI should turn over essential information about the mining concession and its plans to start advanced exploratory activities during the second semester of 2013. They were also, again, warned about the possibility of its presence provoking social unrest and conflicts. Arrogance won the day, and ENAMI went about visiting communities to set up the unwelcomed meetings in spite of the local government’s wishes.
To underline the discontent the communities feel about the possible return of the mining nightmare, and the indignation with this kind of arrogance, the ENAMI officials were stopped close to Junin and told them they were not wanted, and warned not to return.
CODELCO, the world’s largest copper producer, would actually do all the exploratory work, since ENAMI hardly knows up from down when it comes to mining.
One of the first meetings ENAMI set up was in Apuela, for this Sunday (19th). They hope that in this Parish government, which is about 3 hours away from the mining site and will not be directly impacted, they will be heartly cheered. The same day, ENAMI hopes to meet in the Parish government of Peñaherrera, with the same intended results. I think, they are in for a unpleasant surprise, however. Though there are a few people who are vociferously pro-mining in these two Parish governents, most of the populace reject the divisions, violence and general social chaos that mining brought to Intag with the Canadians.
To help allay some of this fear, ENAMI representatives, who are travelling with a very prestigious publicity firm, is assuring everyone that with them, things will be different: no violence, no paramilitaries, no shooting at defenseless farmers, no judicial set ups, and LOTS OF MONEY for roads, clinics, new high schools, and blablablabla, AD NAUSEUM.
Few people, however, know that there is a very dark history of when governments become directly dependent on rents coming from large scale mining. I am talking about disappearances, extra-judicial killings, criminalization of all opposition, invented lawsuits, and the use of army to quell resistance. In the infamous case of the Bouganville copper mine, in order to keep the money flowing to the coffers of the Papua New Guinea government, the government itself hired paramilitaries to quell the protest against the mining project that ended up with the murder of tens of thousands of islanders. The mine was shut down, and the conflict provoked a low-level civil war, which is still ongoing 30 years later. Papua New Guinea is, by no means, the not place where these kinds of abuses have taken place. On the Indonesian side of island, there have been numerous human rights violations associated with the partly government-owned Grasberg gold and copper mine. The list is rather long. But in summary, when governments own or partly own very productive mines and are heavily dependent on rents from these mines f to pay for its army, police, and other “essential” government services, you can expect gross human rights abuses.
The meeting for Junin is set for this coming Monday (20th). At the time of this writing, communities are meeting to determine how to best confront the new threat.
ESPAÑOL
Me equivoqué sbore CORREA
Lo acepto, pensé que esperaría hasta después de las elecciones, que se celebrarán en feberero, antes de enviar los gansters mineros para intentar de imponer la agenda del gobierno en las comunidades de Intag. Sin embargo, si no recuerdo mal, creo que mencioné el hecho de que cuando se trata de la minería, muy poco me sorprendería, y que con frecuencia, la estupidez se impone.
Así, el pasado miércoles, en el gobierno de la parroquia de García Moreno, donde la Agencia Japonesa para la Cooperación Interaccional encontró el cobre de Junín, los delegados de la empresa nacional minera-ENAMI- sostuvieron una fuerte confrontación con Shisela Morales, la presidenta electa de García Moreno (equivalente a un alcalde de un Municipal). La Sra Morales estaba acompañada de algunos funcionarios electos.
Los funcionarios mineros insisten en socializar el proyecto minero directamente con las comunidades. El gobierno de García Moreno, el cual es autónomo, insistió en que antes de que lo intenta, ENAMI debería entregar información acerca de la concesión minera y los planes de iniciar actividades de exploración avanzados en el segundo semestre del 2013. También fueron, de nuevo, advirtidos sobre la posibilidad de que su presencia provoque conflictos sociales. La arrogancia ganó el día, y ENAMI anduvo visitando las comunidades para establecer las inoportunas reuniones, a pesar de los deseos del gobierno local.
Para subrayar el descontento que las comunidades sienten sobre el posible regreso de la pesadilla de la minería y la indignación con este tipo de arrogancia, los funcionarios de ENAMI fueron detuvidos cerca de Junín y se les advirtió que no eran deseados, y se le advirtió que no regresaran.
CODELCO, la mayor productora mundial de cobre, en realidad haría todo el trabajo exploratorio, ya que ENAMI no sabe donde esta parada en cuanto a la minería.
Una de las primeras reuniones ENAMI fue organizada para Apuela, para este domingo (19). Tienen la esperanza de que en este gobierno parroquial, que se ecuentra aproximadamente a 3 horas de distancia de la mina y no se verá afectado directamente, le vitoreán . El mismo día, ENAMI espera reunirse en el Gobierno Parroquial de Peñaherrera, con los mismos resultados previstos. Creo que les espera una sorpresa desagradable, sin embargo. Aunque hay algunas personas que están a favor de la minería en estos dos gobiernos Parroquiales, la mayoría de la población rechaza las divisiones, la violencia y el caos social general que la minería trajo a Intag con los canadienses.
Para ayudar a aliviar algo de este temor, los representantes de ENAMI, que viajan con una firma de publicidad de gran prestigio, garantizan a todos que con ellos, las cosas serán diferentes: no habrá violencia, ni paramilitares, ni disparos contra campesinos indefensos, nada de montajes judiciales, y mucho dinero para carreteras, clínicas, nuevas escuelas secundarias y blablablabla, hasta la saciedad.
Pocas personas, sin embargo, conocen de la oscura historia de cuando los gobiernos directamente dependen de las rentas provenientes de la explotación minera a gran escala. Estoy hablando de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de toda oposición, demandas inventadas, y el uso del ejército para sofocar la resistencia. En el infame caso de la mina de cobre de Bouganville, con el fin de mantener el flujo de dinero a las arcas del gobierno de Papúa Nueva Guinea, el propio gobierno contrató paramilitares para reprimir la protesta contra el proyecto minero, el cual terminó con el asesinato de decenas de miles de isleños. La mina fue cerrada, y el conflicto provocó una guerra civil de baja intensidad, que 30 años más tarde, odavía está en curso. Papua Nueva Guinea no es, de ninguna manera, el único lugar donde este tipo de abusos han ocurrido. En la parte indonesia de la isla, se han producido numerosos violaciónes de derechos humanos relacionadas con la gran mina de oro y cobre Grasberg, en la cual es sociol gobierno. La lista es bastante larga. Pero, en resumen, cuando los gobiernos son dueños, o socios de minas muy productivas y dependen en gran medida de las rentas a cubrir gastos del ejército, la policía y otros servicios “basicos”, se puede esperar graves abusos de derechos humanos.
La reunión de Junín está programado para el lunes que viene (20 ª). En el momento de escribir estas líneas, las comunidades se reúnen para determinar cómo mejor enfrentar la nueva amenaza.
