La cárcel no termina lucha de activista Javier Ramírez

El golpeteo de la copiosa lluvia contra los techoyos de zinc y teja inunda el pequeño poblado de Junín, ubicado en la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, en Imbabura. Son las 09:00 del 18 de febrero del 2015 y casi no hay adultos en la plaza central, a la que tienen frente las únicas doce casas y una iglesia, en el centro de la comunidad.

Los pocos niños que gritan de vez en cuando mientras juegan en el lodoso patio y unos cuantos gallos que desde la rama de un árbol parecerían intentar callar al correntoso río Junín, confirman que hay vida en aquel lugar, escondido entre una abundante vegetación subtropical.

Al líder antiminero del valle de Íntag, Javier Ramírez, la tranquilidad natural del lugar no le es extraña, lo que sí le inquieta, dice, es que ahora el silencio del caserío esté marcado por la división y el temor.

Fue lo que Ramírez percibió a pocos días de estar de vuelta en Junín, luego de cumplir una condena de diez meses en el Centro de Rehabilitación de Ibarra, acusado del delito de “sabotaje y terrorismo”.

La sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Ibarra señala que los hermanos Ramírez, Javier y Hugo, junto con cinco personas más agredieron, en el sector de Chontal Alto, a cuatro funcionarios de la Empresa Nacional Minera (Enami-EP), que pretendían, el 6 de abril del 2014, difundir los alcances del proyecto Llurimagua, que busca explotar un potencial geológico de cobre-molibdeno de 318 millones de toneladas.

“Con el reconocimiento de los hechos, el informe de Criminalística, la pericia del médico legal, así como con los testimonios de los cuatro empleados de la empresa del Estado, su conducta (la de Javier Ramírez) se adecúa a lo dispuesto por la Ley, en tal sentido se le impuso 10 meses de prisión”, se estableció al final del proceso.

Javier Ramírez niega la acusación asegurando que él estuvo enfermo en su casa aquel día. Recuerda que los policías que lo detuvieron, el 10 de abril del año pasado en Nanegalito (Pichincha), jamás le mostraron una orden de detención, ni le informaron de lo que se le acusaba.

“Primero me dijeron que tenía un juicio de alimentos y solo fue hasta la madrugada del siguiente día en Otavalo (Imbabura) que me manifestaron que estaba detenido por terrorista”, afirma este dirigente de 38 años, mientras abraza cariñosamente a su hija Evelyn, de 10 años, la última de sus cuatro hijos.

Aunque los dos hermanos Ramírez fueron involucrados en el proceso, el Tribunal Penal, el 10 de febrero último, sentenció a diez meses por el delito de rebelión solo a Javier, Hugo está prófugo. Javier salió libre de inmediato. Él permaneció detenido el mismo tiempo que se le dio como sentencia.

Esta detención es calificada de “injusta”, incluso por habitantes de Junín, como Marcia Calvache, que están a favor de la explotación minera que harán la estatal Enami y la empresa chilena Codelco en la zona de Íntag. La mujer, de 33 años, asegura que el día de la agresión, Ramírez no estuvo en el lugar.

“Él siempre fue inocente”, afirma Calvache, cuyo esposo trabaja desde hace ocho meses en el proyecto Llurimagua. Ella, además, es parte del grupo de doce mujeres que se organizaron para brindar el servicio de alimentación a los trabajadores de la Enami.

La historia de oposición a la minería en Junín, al igual que en otras comunidades ubicadas en el valle de Íntag (Chontal, Chalguayacu Bajo y Alto…), se remonta, para los lugareños, a inicios de 1990, cuando la compañía japonesa Bishimetals y luego la canadiense Ascendant Copper realizaron trabajos de exploración en busca de cobre.

Desde finales del 2011, la Enami maneja la concesión de 4.839 hectáreas conformadas por bosques nublados primarios, secundarios, cultivos orgánicos y al menos 26 ríos, de los que dependen no solo las comunidades sino una serie de animales en riesgo como osos de anteojo, pumas o tapires de montaña.

De llegar a confirmarse el potencial del mineral en la zona, según la Enami, eso significaría que la mina a cielo abierto que se planifica sería una de las más importantes de la región.

La polarización que produce el tema minero ha superado la lucha con las autoridades y se instala en el interior de la comunidad de Junín. Ramírez afirma que el 70% de los poco más de 260 habitantes de la comunidad no quieren la minería; pero Anita Enríquez, quien depende económicamente de la Enami, dice que la mitad de la población está a favor de la actividad, incluidos tíos de Ramírez, y la otra mitad está en contra.

Ambos consideran que la detención del líder ecologista causó temor y generó que mucha gente que rechazaba la minería deje de hacerlo o –al menos– ya no hable de su posición.

La división no solo está entre los adultos. La pequeña hija de Ramírez también la ha sentido entre los que llama “ecologistas y mineros”. Ella cuenta que desde hace un tiempo se alejó de su mejor amiga, cuando descubrió que esta le contaba a sus padres –quienes están a favor de la minera– y ellos a su vez a gente de la Enami, lo que ella le decía sobre lo que sus padres pensaban de la minería.

En Junín, la gente prefiere no decir quiénes están con uno u otro lado. Una señal o un gesto es lo único que hacen para decir si alguien está con Ramírez o en contra. “Es mejor no meterse”, indica un habitante que prefiere no identificarse.

Al ya tenso ambiente que se vive en el poblado se suma, desde hace poco menos de ocho días, el patrullaje de policías montados a caballo.

Ramírez afirma que su idea de luchar por la naturaleza se fortaleció en estos meses de cárcel. Un efecto contrario, dice, de lo que pretendían “quienes armaron todo este teatro”.

Mientras retoma sus proyectos pendientes en su casa y en sus cultivos de café, Javier Ramírez está empeñado en difundir lo dañina que es la minería, para lograr que así la gente decida aprobarla o rechazarla, pero desde el conocimiento.(I)

Cronología

2014, abril 06

La Enami denuncia la agresión física de pobladores contra cuatro de sus trabajadores, quienes ingresaban al sector de Chontal Alto para difundir el proyecto minero Llurimagua. Un vehículo de la empresa sufrió daños.

2014, abril 10

Policías detienen a Javier Ramírez en la zona pichinchana de Nanegalito. El líder antiminero regresaba de Quito junto a Polibio Pérez, líder de Chalguayacu Bajo, luego de una reunión originada por José Serrano, ministro del Interior.

2015, febrero 10

El Tribunal de Garantías Penales de Ibarra sentencia a Javier Ramírez, bajo el cargo de rebelión, a diez meses de prisión por los hechos ocurridos en Chontal Alto, el 6 de abril pasado. La pena no incluye a Hugo Ramírez, pues él se encuentra prófugo

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