El gobierno se aprovecha de la crisis para adelantar su agenda letal
Carlos Zorrilla
Hace algún tiempo que he estado con ganas de escribir esto. Y no es que no haya encontrado el tiempo. Durante las primeras semanas después del inicio de la pandemia, prácticamente todo se detuvo en Ecuador; incluyendo muchas operaciones mineras. Al igual que el resto del mundo, los efectos del virus han sido devastadores en el país. Todavía es difícil comprender por qué el Ecuador fue tan duramente afectado y murieron tantas personas, especialmente en las provincias costeras, e igual de difícil es atribuir el hecho a la extraordinaria cantidad de inmigrantes que regresaron de Italia y España en el momento crítico del contagio. Si bien es cierto que el Ecuador tenía el mayor número de migrantes latinos en esos dos países en el momento del brote, otros países de América Latina y África tenían poblaciones igualmente elevadas en esos países. Se puede calificar de incompetencia gubernamental, temor a lo desconocido, la sobre saturación del sistema de atención de la salud y/o la falta de voluntad de las personas de dejar a sus seres queridos para morir solos con extraños en los centros de atención de la salud. Sea como fuere, y aunque las tasas de infección están disminuyendo considerablemente, pasará todavía un tiempo antes de que las cosas vuelvan a la “normalidad”. A pesar que la “normalidad”, incluyendo la forma en que miramos y abusamos de la naturaleza, sea la causa principal de la pesadilla. Digo, ¡que la normalidad muera de una vez por todas, y que de las cenizas surja una nueva forma de relacionarse con el mundo natural!
Intag apenas afectado.
Como en muchas partes del mundo, en Intag hubo una gran cantidad de desinformación y temor en torno al virus y su propagación. Por lo tanto, Intag no fue el único en instalar controles en las carreteras para limitar el ingreso y salida. Uno tenía, y todavía tiene que tener, una muy buena razón para entrar en Intag, o para salir del área. La legalidad de los controles podía ser cuestionada, pero funcionaron: hasta ahora, sólo se han reportado dos o tres casos en toda la zona de Intag, y no ha habido muertes. También ayuda el hecho de que Íntag está aislada de los centros poblados y relativamente poco poblada, por lo que la congregación de personas es poco común (excepto en los días de feria, y eso terminó con el bloqueo). Sin duda, el severo bloqueo puesto en marcha a nivel nacional también ayudó a limitar el número de personas que viajan dentro y fuera de nuestra zona.
Las compañías mineras y la utilización del virus por parte del gobierno
No era de extrañar entonces, que un gobierno pro-extractivo y las empresas mineras trataran de utilizar la irrupción del Coronavirus para avanzar sus agendas. Una forma en que lo están haciendo es vendiendo activa y agresivamente la minería como la única salvación para la graves situación económica del país. Especialmente a partir del desplome del precio del petróleo, su principal fuente de divisas. Tal abunda decir que tanto las empresas como el gobierno están pasando por alto algunos hechos básicos para vender su pseudo solución. Empezando por el hecho de que las economías mineras, en países como el Ecuador, terminan con mayores índices de pobreza, incremento de la corrupción, conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos, además de fortalecer gobiernos autoritarios. Es parte del paquete de lo que se conoce como la Maldición de los Recursos Naturales. Se puede justificar la dependencia de un país de la minería en naciones sin ninguna otra alternativa económica real, pero en países tan diversos cultural y biológicamente como el Ecuador, es imperdonable.
El gobierno ha aprovechado la epidemia, por ejemplo, declarando la minería como una actividad estratégica, eximiéndola así de los controles más graves del bloqueo. Las organizaciones, incluida la nuestra (Decoin), y los miembros de las comunidades, mientras tanto, están teniendo que cumplir con las órdenes de quedarse en casa. El toque de queda de las 2 p.m. a las 5 a.m. sigue vigente para la mayoría de los habitantes. Los negocios y las oficinas, con algunas excepciones, como las tiendas de comestibles y las farmacias, tuvieron que cerrar. Esto incluyó a todas las empresas turísticas y restaurantes, incluyendo a todos los de Íntag. Sin embargo, se permitió que algunas empresas mineras continuaran sus actividades, incluida la extracción de oro y cobre en el sur del Ecuador. Recientemente, sin embargo, el gobierno emitió una serie de directrices para que todo el sector reanude su funcionamiento. Las directrices tienen por objeto, en su mayor parte, limitar la propagación del virus, pero también incluyen medidas para proteger las actividades mineras con la ayuda de la policía y el ejército. Increíblemente, las directrices también ordenan a las empresas mineras a “cooperar con las autoridades sanitarias locales” y adoptar medidas para combatir el virus; entre ellas, la donación de equipo de saneamiento a los gobiernos y comunidades locales.
En otras palabras, el gobierno nacional está cediendo sus deberes y responsabilidades en materia de salud y saneamiento a empresas privadas cuyo trabajo implica el envenenamiento de las fuentes de agua con metales pesados, la reubicación de comunidades enteras y la tala de bosques a gran escala. Es probable que estos cambios faciliten la apertura de muchos proyectos mineros, incluyendo el principal de Intag. Sin embargo, debido a la cuarentena aún vigente, será difícil para la sociedad civil protestar. Las empresas y los gobiernos lo saben y no pierden tiempo en aprovechar la situación, como lo ilustra perfectamente esta reciente noticia de Canadá.
Aunque la exploración no se ha reanudado en Íntag, ello se debe, por una parte a la reacción de las comunidades que temen la propagación del virus. De hecho, no se ha realizado ninguna exploración desde noviembre de 2018 en el proyecto Llurimagua (Junin). Una de las principales razones por el estancamiento se debe a que las dos empresas mineras a cargo del proyecto no se han puesto de acuerdo sobre cómo repartirse la riqueza mineral que se encuentra bajo los bosques biodiversos de Intag. La minera estatal ecuatoriana Enami no tiene fondos para invertir, y la chilena Codelco podría contar con suficiente fondos, pero no está dispuesta a arriesgarse a invertir sin su contraparte; en especial en un proyecto con tantas incógnitas e historia de resistencia. A pesar de ellos, Codelco le encantaría hacerse cargo de todo el proyecto para posiblemente venderlo a un tercero, pero está prohibido por la ley y la Constitución, la cual le obliga al estado a quedarse con el 51% del paquete accionario en cualquier acuerdo de este tipo. De hecho, un reciente reporte investigativo reveló un intento ilegal de entregar la totalidad del interés de Ecuador del proyecto a Codelco.
“Simplemente una locura”
Creo que hay otras razones para que no reinicie la exploración en Llurimagua; incluyendo la amenaza de acciones legales basadas en violaciones constitucionales, y la amenaza de reactivar las protestas a gran escala; independientemente de la cuarentena. Además, el más reciente Estudio de Impacto Ambiental para la exploración está repleto de errores y omisiones fundamentales que, de aprobarse, desencadenaría otras acciones legales. También existe el “pequeño problema” de dos especies endémicas de ranas y cientos de animales en peligro de extinción que se verían afectados si se reanudara la explotación minera en Junín. Las ranas endémicas y las especies en peligro de extinción son sólo dos factores que harán de éste uno de los proyectos mineros más devastadores del mundo, una conclusión plenamente respaldada por dos geólogos expertos (1) que están bien informados sobre los hechos y riesgos de este proyecto minero en particular.
Chile y Ecuador deben estar evaluando si vale la pena reubicar completamente de entre cuatro a seis comunidades, deforestar miles de hectáreas de bosques nubosos primarios y contaminar decenas de ríos y arroyos prístinos durante cientos de años (2). Todo ello, y más para, al final, terminar con tan sólo 17 millones de toneladas de cobre puro, el cual está incrustado en un yacimiento de 3.846 millones de toneladas de subsuelo mineralizado (3). Sólo se puede esperar que esta sombría estadística les dé a los economistas del gobierno razones para rechazar el proyecto. Es, como dijo uno de los geólogos mencionados anteriormente, “simplemente una locura”.
La locura no impedirá que algunos individuos del gobierno apoyen el acuerdo para obtener beneficios personales, o para conseguir una rápida inyección de dinero en la economía. Hay poderosos intereses en desarrollar proyectos mineros, sean o no rentables. Lamentablemente, debido a la grave corrupción institucional que afecta al país, buena parte de la plata que la minería podría generar a corto plazo terminará en los paraísos fiscales del Caribe. Incluso sin tener en cuenta las inaceptables violaciones de los derechos humanos y los costos ambientales y sociales, la infusión de cash a la economía será de corta duración, pero, a largo plazo, económicamente nefasto dado los incentivos fiscales escandalo-samente favorables a la industria que el país se vio obligado a adoptar para atraer inversiones mineras.
Entonces, ¿cómo está la situación en estos momentos? En Llurimagua, la exploración no ha reiniciado, pero podría reiniciar en cualquier momento. Mientras tanto, la empresas, con el apoyo del gobierno, están aprovechando el Coronavirus para avanzar su agenda y ganar más apoyo. No sabemos si el profundamente defectuoso estudio de impacto ambiental ha sido aprobado. Sin embargo, si se reanudan las exploraciones avanzadas, será difícil reunir a la oposición, dado el temor que el virus ha generado y las medidas de cuarentena sesgadas. Difícil, pero no imposible. También hay un pequeño pero creciente rayo de esperanza que los tribunales sigan recuperando su independencia y fallen a nuestro favor cuando enjuiciemos al estado por violaciones constitucionales. A mediados de Mayo del 2020, la Corte Constitucional aceptó darle trámite a la Acción de Protección por el caso del Bosque Protector Los Cedros, en la Zona de Intag, basándose en la falta de consulta ambiental; violación que afecta a todos los proyecto mineros en Intag, y a casi todos del Ecuador
Tampoco creo que el miedo al virus sea, al final, suficiente para superar 25 años de resistencia. Tampoco la pandemia minera es tan poderosa como para cegarnos ante la certeza de que nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros magníficos bosques y ríos limpios, se convertirán en más cloacas de desechos tóxicos en un paisaje desolador.
Manténgase en sintonía
1. Pablo Duque, hasta su jubilación fue decano de la Escuela de Geología de la prestigiosa Universidad Politécnica de Quito; Steven Emerman, es un experto geólogo e hidrólogo de Malach Consulting, Utah, EE.UU.
2. La mayoría de los yacimientos de cobre contienen compuestos de azufre, los cuales acidifican el agua que entra en contacto con la roca de desecho. El agua altamente ácida lixivia metales pesados de los desechos mineros. El proceso se llama Drenaje Ácido de Mina.
3. Para prever mejor la cantidad de desechos generados por este depósito de mineral; al final de la operación minera, habrá más de 3.829 millones de toneladas de desechos contaminados; sin embargo, la mina sólo habrá producido 17 millones de toneladas de cobre puro. La razón es que éste, así como la mayoría de los yacimientos de cobre, contienen muy poco cobre puro (en este caso, sólo hay 4,4 kilogramos de cobre puro por cada tonelada [1000 kilograms] se subsuelo mineralizado). La cantidad de desechos tóxicos no incluye la roca de desecho que se encuentra entre la superficie y el yacimiento, que a menudo se encuentra a cientos de metros de profundidad, y podría producir la misma cantidad de roca de desecho, o aún más, que la generada por el yacimiento en sí
