Siete años de impunidad, atropellos y lucha
No se trata del sangriento levantamiento de octubre del 2019 el cual, indudablemente, se comentará ampliamente este mes. Más bien, este texto es sobre los siete años de la violenta e inconstitucional ocupación militar-policial de Junín y casi toda la zona de Intag para instalar a la transnacional Codelco y la ecuatoriana Enami en la concesión minera LLurimagua. Siete años más tarde, los hechos siguen impunes. Al igual que en la mayoría de proyectos mineros en el país, reina la impunidad, blindados por uno tras otro gobierno cooptado por el poder adquisitivo de las transnacionales, y políticos con hambre del poder.
Para los que no recuerdan, o prefieren no hacerlo, fue el 8 de mayo del 2014 fecha en la cual 389 efectivos de varios cuerpos de élite policial, respaldado por militares, lanzaron una operativo violento e ilegal en contra del pueblo de la zona de Intag que, desde 1995, viene defendido su derecho a escoger donde vivir, de no ser reubicado, de beber agua sana, y de vivir en un ambiente de paz y libre de contaminación.
El operativo, les refresco la memoria para los que han escuchado de esta oscura historia, fue antecedido en abril por el arresto arbitrario e ilegal encarcelamiento del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez; miembro de una familia luchadora por la defensa de Intag y los derechos de su población. Su hermano Hugo, fue perseguido por 5 años por la mal llamada justicia, y solo hace poco se libró de la orden de captura que pesaba sobre él (ver los enlaces de los videos de los hermanos Ramírez al final del texto por el cineasta Pocho Álvarez). Esta, por si acaso, no fue la primera vez que la “justicia” y el ejecutivo se prestó para perseguir a líderes de la resistencia de la zona de Intag.
Según el resumen ejecutivo de un informe policial reservado, aparte de la policía y ejército, el operativo fue respaldado por 17 otras entidades estatales, incluyendo varios ministerios y subsecretarías. Fue obvio que los servicios de inteligencia, aunque no aparecen en el informe, jugaron un rol clave, ya que el informe contó con perfiles de varios de los líderes que se oponen a este tipo de desarrollo. Según las páginas web de las empresas y del gobierno, LLurimagua es un ejemplo de la minería responsable. Farsa fielmente apoyada por la gran mayoría de la prensa ecuatoriana. Minería responsable sí, de incontables atropellos.
La defensa de Intag va más allá del derecho a defender el derecho al Buen Vivir. Sin respetar los derechos de la naturaleza no se puede hablar inteligentemente de garantizar el Buen Vivir para ésta y generaciones venideras, por lo que defender este derecho ha sido otra de sus luchas. Lucha que hoy se encuentra en duda por acciones de un tribunal de segunda instancia que ha preferido defender derechos empresariales y cuestionables formalidades jurídicas sobre los derechos de especies al borde de la extinción, y el derecho de todo un pueblo de vivir en paz y libre de contaminación social y ambiental.
Aparte de las violaciones antes mencionadas, en el operativo de mayo del 2014, como se podrá constatar en este corto video realizado por Pocho Álvarez (https://bit.ly/2RP1FwX), la policía flagrantemente violó el derecho a la movilización. Por ejemplo, varios colegas que intentaron ingresar a Junín durante ésas fechas fueron prohibidos de hacerlo. Otros fueron bloqueados mucho antes de ingresar a Intag. Mientras tanto, las empresas Codelco y la Enami se apropiaban de la reserva comunitaria de Junín, la cual el grupo de turismo EcoJunin manejaba desde el 2000 con fines de conservación y para darle vida a su emprendimiento turístico. Esa ocupación de un bien y de una propiedad comunitaria posteriormente fue legalizada por el sistema corrupto a órdenes de las empresas.
La foto que encabeza este texto devela esa injusticia monstruosa que ahora algunos en el poder de gobiernos locales prefieren no recordar. Son los mismos que se acomodan a los deseos y planes de una industria que garantiza desequilibrar aún mas nuestro clima, de crear más conflictos sociales, de reubicar al menos cuatro comunidades, aumentar la delincuencia, arrasar con nuestros bosques y biodiversidad, y contaminar nuestros ríos con metales pesados.
Al respaldar este proyecto minero, estos pobres individuos (en el sentido de pobreza espiritual y moral) aceptan las incontables ilegalidades y violaciones cometidas, y por cometer, con el fin de imponer y desarrollar un proyecto minero que todos sabemos es inconstitucional, y violatorio de derechos humanos. Aceptan ser cobardes y darle la espalda a su pueblo y al futuro de la zona.
Esta generación, este pueblo, y las futuras generaciones no les perdonarán, aún si el proyecto minero no se lleva a cabo, como confío sucederá
Existen muchos documentales y cortos videos realizado por Pocho Álvarez sobre la defensa de nuestro territorio, incluyendo:
Sitio y Ocupación de Intag: https://bit.ly/2RP1FwX
Javier, con i de Intag https://vimeo.com/155937763
Hugo Territorio Rebelde: https://bit.ly/3w0d4sH
