El gobierno está empeñado en reactivar actividades mineras en un escenario de escasez de energía eléctrica, conflictos sociales latentes, e instituciones débiles.
Carlos Zorrilla
Comparado a la apertura del catastro minero, que el gobierno tiene planificado para estos meses, los impactos del súper El Niño puede quedarse corto. Le explicamos por qué.
En febrero del 2018, el gobierno de Moreno revertió 2.000 concesiones mineras y cerró el catastro minero1 para no otorgar nuevas concesiones, con el argumento que las actividades mineras representaban un atentado a la naturaleza. Pese al cierre del catastro, se otorgaron 652 concesiones mineras entre el 2018 y 20242, provocando una investigación por la fiscalía de la Arcom, la Agencia de Regulación y Control Minero, en el 20242.
Según datos oficiales, actualmente el país cuenta con 1.970 derechos mineros, de los cuales 433 se encuentran en trámite4. En términos de superficie afectada, las casi 2.000 concesiones mineras representan aproximadamente el 6% del país. La labor de fiscalizar, regular y controlar lo que pasa dentro de estas concesiones es responsabilidad de la Arcom, la Agencia de Regulación y Control Minero. Aparte de este trabajo clave, la entidad también es responsable de combatir la minería ilegal. Dada las importantísimas tareas encargadas a la Arcom, uno supondría que la agencia cuenta con cientos de personal capacitado. Sin embargo, en junio del 2025, el viceministro de minas, Javier Subía, manifestó que solo contaba con 35 peritos mineros5, y que era una fracción a lo que realmente necesitaba.
Lo que puede y no puede contener una concesión minera
Debido a leyes sesgadas a favor de la industria minera, las concesiones mineras pueden incluir dentro de sus límites tierras productivas, fuentes de aguas de comunidades, emprendimientos turísticos, microcuencas hidrográficas, bosques primarios, páramos, y hasta comunidades enteras. En fin, en cualquier parte del país fuera de centros urbanos, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y zonas intangibles. El campo, y sus comunidades, en resumen, no valen para nada si debajo de sus suelos productivos existe cobre u oro.
Abrir el catastro minero en estos tiempos significa muchas cosas. Permitirá reactivar proyectos mineros en cientos de concesiones mineras a lo largo y ancho del país, y permitirá otorgar nuevas concesiones a nuevas empresas, provocando un tsunami de conflictos sociales y afectaciones a derechos humanos, derechos comunitarios, y los de la Naturaleza.
Uno de los conflictos más preocupantes será sobre el acceso al agua, dado que sin el agua no hay minería. Y la minería, sea pequeña, mediana, a gran escala, legal o ilegal, requiere de enormes cantidades de agua. Agua que, inevitablemente, será contaminada.
La energía, el gran problema no visible
Uno de los otros enormes problemas del cual no se habla mucho, es el de la energía. En un país deficiente en energía eléctrica, el gobierno, presionado por el FMI, está empeñado en promover una actividad que, durante la fase de explotación, requiere de inimaginable cantidad de energía eléctrica. El caso del proyecto Cascabel de cobre y oro, en el norte de la provincia de Imbabura, por ejemplo,, requerirá 240 megavatios de electricidad, lo cual es más energía de lo que consume toda la provincia. Supuestamente, las empresas deben generar su propia energía, pero hasta la fecha solo ofrecen promesas. Preocupante hoy en día, hay 17 proyectos mineros a gran y mediana escala en cola buscando aprobación para la exploración avanzada o la explotación. Aún así, la Cámara de Minería lo considera poco, y clama que es indispensable abrir aún más el país a la minería sabiendo de la poca capacidad de regular y control, instituciones débiles, galopante corrupción, y donde hay un gran déficit de energía eléctrica.
El tema de financiamiento
La apertura del país a nuevas empresas mineras, se da en un contexto donde el gobierno recién canceló el cobro de la tasa de fiscalización durante la fase de exploración- la cual servía para fiscalizar, regular y controlar las actividades mineras. Lo único que pagan las empresas durante esta fase- y no todas lo pagan- es el patente de conservación- que equivale a 5% del Salario Básico Unificado Básico por hectáreas ($24). Con un ente regulador- el ARCOM- con poco personal calificado, desfinanciado, plagado por la corrupción, y el cual también está encargado de combatir la minería ilegal, ¿qué se podría esperar si se le permite avanzar a los 433 proyectos mineros en trámite existentes, y se aceptan cientos de nuevas solicitudes?
El Super El Niño, nos debe preocupar, y nos debe convocar a actuar para proteger a nuestros hogares, comunidades e infraestructura. Pero los impactos del fenómeno climático durará meses o,cuando más, un par de años. Los impactos de las actividades minería provocados por la apertura del catastro minero, se sentirán por décadas.
FUENTES
1.https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-revierte-concesiones-mineras-leninmoreno/
2. https://www.codigovidrio.com/code/autoridades-otorgaron-652-concesiones-mineras-pese-a-que-el-catastro-estaba-cerrado-desde-2018/
5. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/mineria-arcom-tasa-minera-apertura-catastro-viceministro-javier-subia-ecuador-nota/
Para mayor información: https://carloszorrilla-21574.medium.com/caos-catastr%C3%B3-fico-porvenir-f4cfb7255aca
